Mala praxis

 
 
No puede haber condena por mala praxis médica si el juez no tiene certeza jurídica.

Por Ernesto Seguí (*)

 
 

 
 

Cuando Kafka escribió su famoso libro El Proceso describió crudamente cómo un ciudadano puede ser mortificado con un interminable procedimiento donde ni siquiera sabe qué conducta se le atribuye, y en cuáles elementos sustentarían la futura sanción con que se lo amenaza a modo de interminable pesadilla. El protagonista del libro no sabe, ni siquiera, de que actos y acciones surgirían –hipotéticamente- los fundamentos de un reproche de culpabilidad que ponen en juego su calidad de vida actual y un posible estigma futuro.

Este drama se agranda aún más porque el enjuiciado no puede ni siquiera defenderse. Nadie puede defenderse de algo que no conoce, que conoce infundadamente o que conoce mal. En este proceso kafkiano se da la paradoja que, siendo él, el propio protagonista de la ininteligible investigación que lo persigue, no pasa de ser un mero espectador de una situación que lo atenaza y desespera. El proceso, signado por un reproche nebuloso, asume rasgos catatónicos. Está vivo, pero no puede actuar eficazmente en defensa de sus derechos. No puede ejercer activamente la réplica defensiva porque no se le atribuye una conducta en forma clara, precisa y circunstanciada.

Lo único que sabe el justiciable es la fecha en que empezó el proceso, pero no sabe cuando terminará. Menos aún cuál será el resultado del veredicto del juez, a quien ni siquiera conoce.

El proceso kafkiano tiene algunas semejanzas con muchos juicios donde se atribuye mala praxis médica. El profesional médico sabe que ha sido sometido a proceso, pero desconoce qué reglas lo rigen, de dónde surgiría la supuesta mala praxis, qué fundamentos podría tener la culpabilidad que se le reprocha, cuántos años tramitará la causa y cuál será el resultado final del litigio. Para peor de males, el profesional que realiza actos médicos, conforme a su lex artis (normas propias de su profesión), desconoce cómo la pueden llegar a interpretar y aplicar los jueces que, a la sazón, no están formados en la ciencia médica.

Se padece, así, una grave incertidumbre jurídica. Desde el mismo inicio del proceso se pone en cuestionamiento su trayectoria profesional. El médico ni siquiera conoce, con claridad, cómo se interpretarán las reglas de la ciencia médica y cuáles serán los parámetros jurídicos con los que pueden ser juzgados sus actos médicos.

No tener normas es un típico caso de anomia jurídica, lo que origina, indefectiblemente, una grave afectación a la seguridad jurídica , un derecho inalienable de todo justiciable.

A quien no se le permite conocer con claridad qué reglas regirán su juzgamiento, padece una severa conculcación de su derecho a la seguridad jurídica. Esta es la esencia y razón de existencia del mundo jurídico. Las sociedades dictan normas para establecer reglas claras de conducta. Con ellas el sujeto de derecho puede prever las consecuencias de su conducta (lícitas o ilícitas), y actuar en consecuencia.

La bibliografía jurídica ha señalado que el poder predecir es un componente esencial de la seguridad. Se espera que las reglas jurídicas y su aplicación mantengan el orden social de tal manera que sea posible que los miembros de la sociedad puedan elegir libremente sus conductas y valorar sus resultados por adelantado. Esto, solo es posible a partir de leyes claras y prácticas judiciales predecibles.

Cuanto mayor es el nivel de certeza, más profunda es la confianza de las personas en el funcionamiento del orden jurídico. Es por eso que los Tribunales tienen la responsabilidad especial de maximizar la certeza jurídica. (Aulis Aarnio)

En los juicios donde se atribuye mala praxis médica, se imputa responsabilidad por un resultado (lesivo o letal) pero, en muchos casos, el demandante no especifica en forma precisa, clara y circunstanciada la acción (el acto médico) que habría sido la supuesta causante de ese resultado.

La relación entre la causa y el efecto (llamada relación causal) es decisiva para poder juzgar la eventual responsabilidad médica. No basta describir la incapacidad sobreviviente de un paciente (el resultado). El demandante debe imputar en forma manifiesta, fidedigna y fehaciente los actos médicos (acciones u omisiones). Sin embargo, ello no es todo. Debe probar que el resultado lesivo que reprocha es derivación necesaria, indisputable e irrebatible del acto médico.

Algunas demandas de mala praxis incurren en graves yerros jurídicos. En primer lugar, el reclamante no describe con claridad el acto médico, lo que conculca (y a veces aniquila) el derecho de réplica defensiva, que es la forma específica de ejercer el derecho de defensa en juicio. En segundo lugar, cuando existe una pluralidad de actos médicos realizados por uno o varios galenos, no se individualizan ni delimitan -con rigurosidad- cuál de todos ellos sería el que causó el resultado reprochado.

Debo reiterar que no se puede reprochar responsabilidad jurídica alguna si solo se hace referencia a un resultado. Es ineludible probar, en forma concluyente, la relación causal entre el resultado (objetivo) y la acción (el acto médico).

Algunas sentencias incurren en el error de imponer responsabilidad médica basándose en un reproche circunscripto a un resultado (vgr. paciente con secuelas post-operatorias), sin analizar, en forma precisa, la acción u omisión (acto médico activo u omisivo, imprudente o negligente).

Debe insistirse en que no es suficiente que, en los juicios de mala praxis, se analice la relación causal (entre la acción y el resultado). Es necesario algo más: que se acredite que ese resultado es consecuencia necesaria del acto médico que se atribuye al profesional. Esta relación necesaria surge del principio de razón suficiente, que exige que para llegar con certeza a una conclusión verdadera debe haber una razón suficiente para que sea así, y no de otro modo. Es la demostración de esa afirmación final (“y no de otro modo”) la que respalda la racionalidad del razonamiento judicial. Ello significa que si en un proceso el demandante no acreditó con pruebas asertivas, categóricas y concluyentes que el resultado (lesivo o incapacitante) es consecuencia necesaria del acto médico juzgado, su demanda debe ser rechazada por el tribunal.

La propia jurisprudencia ha sentado criterios de razonabilidad para juzgar la conducta médica. Así, ha dicho –poniendo luz sobre la otra cara de la misma moneda causal- que “un hecho debe tenerse por cierto cuando las pruebas asumen aptitud para arrimar a la convicción de la imposibilidad causal de que las cosas hayan ocurrido de otro modo diverso a aquel que se sostiene.” Por el contrario, si existe otra posibilidad causal debe aplicarse la enseñanza de Karl Popper: “Si no tienes suficientes razones para creer algo, entonces este hecho es razón suficiente para abandonar tal creencia.”

Solo si de las pruebas surge -en forma asertiva e indubitable -que el resultado (lesivo) es la consecuencia necesaria del acto médico investigado el juez tendrá certeza para fallar.

Toda sentencia judicial requiere, como condición de validez, que el juez tenga certeza de que el resultado (lesivo) fue consecuencia necesaria de ese acto médico y no de otras circunstancias o condiciones ajenas al médico actuante. El desvalor del resultado (la lesión) no permite remontarnos a cualquier circunstancia preexistente o concomitante para atribuir, sin seriedad argumental, un sedicente desvalor de la acción.

A lo ya dicho sobre la relación causal entre la acción (acto médico) y el resultado (lesivo), debe agregarse que la prueba presentada y producida por el demandante debe acreditar esa relación causal con certeza . Para ello, la colecta probatoria debe poseer los caracteres ya señalados: asertiva, indubitable, irrefutable, cierta y, como consecuencia, persuasiva en forma intersubjetiva. Es decir que el argumento judicial debe ser idóneo para generar convencimiento a cualquier otro hombre racional a quien le sea expuesto (inter-subjetividad).

La sentencia no puede estar fundada en apreciaciones personales o morales del Tribunal. Debe tener consistencia argumental, de modo tal que, si es sometida al juicio de otro sujeto pensante, produzca en él la misma convicción que produjo en el juez. En otras palabras: las interpretaciones de los jueces no pueden ser azarosas (así lo señaló Aulis Aarnio al analizar la exigencia de racionalidad en la aplicación del derecho).

La reiterada descalificación que la Corte Suprema realiza de las sentencias por arbitrariedad de los tribunales inferiores a ella, debe ser interpretada como exigencia ineludible de que la argumentación judicial debe cumplir con las reglas del pensamiento racional signado por la lógica y la sana critica.

El juez debe atenerse a las constancias del expediente y a las pruebas aportadas por el demandante. Un adagio latino dice que “lo que no está en el expediente no está en el mundo.”. Ello significa que el juez debe limitar su tarea a juzgar las pruebas que aportan las partes y, conforme a esa colecta probatoria, debe dictar su sentencia de absolución o condena.

El gran procesalista uruguayo Eduardo Couture señaló que “la ley crea al litigante la situación embarazosa de no creer sus afirmaciones, en caso de no ser probadas. El litigante puede desprenderse de esa peligrosa situación si demuestra la verdad de aquellas... Como en el antiguo dístico, es lo mismo no probar que no existir."

Otro tratadista puntualizó las consecuencias que trae aparejadas el incumplimiento de la carga de la prueba por parte de quien asumió el rol de demandante: “es muy importante evitar el error de creer que el juez puede basar su sentencia en cualquiera de los grados de valor probatorio de la prueba aportada al proceso; esto es, que el juez pueda decidir en favor de una de las soluciones que considere dudosas o de aquella que cree más probable . De ninguna manera. Para adoptar su decisión con fundamento en la prueba, es indispensable que el juez se considere convencido por ella, o, dicho de otra manera, que se encuentre en estado de certeza sobre los hechos que declara. Si la prueba no alcanza a producir esa convicción, porque no existe o porque pesa en su espíritu por igual en favor o en contra, o más en favor de una conclusión, pero sin despejar completamente la duda razonable, le está vedado apoyarse en aquélla para resolver... El juez sólo puede declarar un hecho sobre la base de la certeza...” (Devis Echandía).

El demandante está obligado a probar la mala praxis que atribuye, y lo debe hacer en toda su extensión causal. Si no logra cumplir con su carga probatoria, no habrá certeza, y el juez está obligado a absolver.

Sin certeza no puede haber reproche ni condena alguna. Los procesos kafkianos son inconstitucionales.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

( (*) Ernesto Seguí es Abogado y ejerce su profesión en Rosario tanto en el Derecho Penal como en el Derecho Civil. Asimismo es Escritor. Publicó varios libros y artículos en revistas especializadas: Diccionario de Citas de Derecho y Filosofía; Imputación, Congruencia y Nulidad en el Proceso Penal, entre otros. Su Curriculum se encuentra en la página Web

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